El sistema de servicio eléctrico debe ser uno confiable y accesible que promueva el desarrollo industrial, comercial, comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida a un costo justo y razonable y que permita el crecimiento económico de la Isla. En Puerto Rico, a pesar de contar con una estructura monopolística verticalmente integrada, el servicio eléctrico es ineficiente, poco confiable y a un costo irrazonable para los consumidores residenciales, comerciales e industriales. Esto se ha debido principalmente a la falta de mantenimiento de la infraestructura, la inadecuada distribución entre la demanda y generación, la ausencia de modernización necesaria para atemperar el sistema eléctrico a las nuevas tecnologías, el hurto de energía y la disminución de la empleomanía de la Autoridad de Energía Eléctrica. Asimismo, el sistema eléctrico de la isla es altamente contaminante, como resultado de la pobre diversificación de las fuentes de energía, la obstaculización en la integración de generación distribuida y fuentes de energía renovable, así como la alta dependencia de combustibles fósiles. Esto, a su vez, ha conllevado que las centrales generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica sean fuentes principales de contaminación de nuestro medioambiente con sus altas emisiones de gases de efecto invernadero. La contaminación provocada por la Autoridad contribuye a incrementar los efectos del cambio climático. Según el Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, publicado el 8 de octubre de 2018, si no se toman acciones concretas y abarcadoras para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, las temperaturas continuarán aumentando, provocando el desarrollo de mayores y más frecuentes fenómenos atmosféricos tales como aumentos en el nivel del mar, huracanes y sequías. Los efectos del cambio climático son alarmantes. Recientemente, los informes demuestran que la temperatura ha incrementado un grado Celsius y se espera que alcance un incremento catastrófico de 1.5 grados Celsius entre el 2030 y el 2052, por lo que es imperativo hacer cambios mayores. A estos efectos, los científicos señalan que para lograr tener la oportunidad de atender este incremento resulta necesario ser neutral en las emisiones de dióxido de carbono para el 2050, o de lo contrario las temperaturas podrían reflejar un alza devastadora de tres grados Celsius. Además, la contaminación que genera la Autoridad resulta en el incumplimiento de esta con los Estándares de Emisión de Mercurio y Tóxicos de Aire (MATS, por sus siglas en inglés), los cuales obligan a los generadores de energía a establecer controles estrictos para evitar la contaminación atmosférica con sus unidades generatrices. Las sanciones diarias que estos incumplimientos podrían conllevar ascienden a aproximadamente $37,500 por día en virtud de la Ley Federal de Aire Limpio. Los mencionados factores imponen la necesidad de un cambio en la política pública energética de la isla. Cada uno de estos factores aportan a tarifas irrazonables, un servicio deficiente y no confiable que provocan la pérdida de valor competitivo de la isla como destino de inversión, afectando adversamente nuestro desarrollo económico, reduciendo la retención y la creación de empleos, entre otros males. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE o Autoridad) mantiene cautivo a aproximadamente 1.5 millones de consumidores que le representan cerca de $3.45 billones en ingresos totales. El sistema de generación es aproximadamente treinta (30) años más antiguo que el promedio en la industria de energía eléctrica en los Estados Unidos. El sistema eléctrico incluye 2,748 millas de líneas de transmisión, 31,485 millas de líneas de distribución y 334 subestaciones. Las líneas de transmisión incluyen circuitos de 230 kV, 115 kV y 38 kV, que transmiten la energía de las plantas de generación a las subestaciones de distribución para ser enviada a los consumidores por líneas de distribución de menor voltaje. La Autoridad genera dos terceras partes de la electricidad de la isla y el resto lo adquiere por compra. La demanda eléctrica disminuyó de un pico de 3,685 MW en el año fiscal 2006 a 3,159 MW en el año fiscal 2014 y 3,060 MW para agosto de 2017, lo que demuestra una clara tendencia a la disminución de la demanda. A pesar de ello, la Autoridad tiene una capacidad de generación de 5,839 MW, incluyendo los 961 MW provistos por Ecoeléctrica y AES a través de acuerdos de compra de energía de 20 años. Por otra parte, las principales unidades de generación se encuentran en el área sur de la isla, mientras la mayor demanda energética se encuentra en el norte de la isla. Véase, Build Back Better: Reimagining and Strengthening the Power Grid of Puerto Rico, December 2017. A pesar de que la Autoridad controla el suplido de energía de la isla, sus estados financieros al 30 de junio de 2014 reflejan deudas que ascienden a sobre $11.7 mil millones. Las condiciones de quiebra de la Autoridad son conocidas desde hace años, tornando a esta corporación pública en una carga insostenible para el pueblo de Puerto Rico. Su frágil situación fiscal, obligó a la Autoridad a refugiarse en un proceso de quiebra bajo el Título III de la Ley Federal de 2016, Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA, por sus siglas en inglés). Debido a las precariedades presupuestarias y financieras acumuladas durante la última década, la AEE y el Gobierno carecen de los recursos económicos necesarios para su reestructuración operacional, su recuperación financiera y los enormes cambios infraestructurales necesarios al sistema eléctrico con el fin de suplir un servicio esencial a nuestros ciudadanos. Tras el embate de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, Puerto Rico sufrió “el peor desastre natural en la historia de los Estados Unidos”, según el Federal Emergency Management Agency (FEMA, por sus siglas en inglés). Los daños causados por los efectos atmosféricos exacerbaron y socavaron aún más la deteriorada condición del sistema eléctrico. El sistema eléctrico quedó devastado con el colapso del 80% de la red de transmisión y distribución. El Gobierno de los Estados Unidos federalizó el proceso de recuperación del sistema eléctrico y lo delegó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, al extremo de ser la voz determinante en la compra y distribución de equipos, materiales y suministros; y también en la asignación de las tareas y zonas a las brigadas de reconstrucción. Ha sido un proceso lento que ha ocasionado grandes sufrimientos y sacrificios a nuestra población, deterioro en nuestra economía y en los ingresos del Estado. El mantener el servicio eléctrico en manos del Gobierno conlleva un ambiente sujeto a los vaivenes políticos que no promueven la estabilidad de ese servicio. Ello, unido al alto costo de los combustibles en un mercado ampliamente variable y especulativo; una anticuada y deteriorada infraestructura eléctrica dependiente de los combustibles más costosos, menos eficientes y a la misma vez más contaminantes; las continuas exigencias con costos millonarios por parte de la Environmental Protection Agency (EPA); disfunciones administrativas y operacionales relacionadas con la excesiva burocracia gubernamental y la politización; ciertos conflictos laborales, frustrados y costosos intentos para modernizar la infraestructura; un endeudamiento multimillonario; la necesidad del desembolso millonario para una reestructuración operacional; y las negociaciones de los bonistas; requirieron que el Gobierno de Puerto Rico auscultara medidas alternas a las existentes en beneficio de la ciudadanía. Como consecuencia, el 22 de enero de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, anunció la transformación de nuestro sistema eléctrico. Luego del proceso de rigor, el 20 de junio de 2018, se aprobó la Ley 120-2018, conocida como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”. Mediante la Ley 120-2018 se delimitó el proceso mediante el cual se transformará el sistema energético en uno moderno, sostenible, confiable, eficiente, costo-efectivo y resiliente ante los embates de la naturaleza. En esta se estableció el proceso mediante el cual se venderían los activos de generación a entidades privadas y la concesión del sistema de transmisión y distribución mediante el mecanismo modificado de Alianzas Público Privadas. Durante el proceso legislativo relacionado surgió la preocupación de un gran sinnúmero de sectores con relación a la necesidad de tener un marco regulatorio completo, viable, confiable que dirija hacia dónde se encamina el sistema eléctrico de la isla y considere nuestra vulnerabilidad tras la experiencia acaecida tras el paso de los huracanes Irma y María. Asimismo, surgió la necesidad de mantener un ente regulador que fiscalice el que se alcancen los objetivos establecidos mediante esa política pública y la importancia de contar con un Plan Integrado de Recursos actualizado que regule el mercado y una Política Pública Energética al 2050. Por ello, la legislación aprobada reconoció la necesidad de aprobar un nuevo marco regulatorio y atemperar la política pública energética a una de vanguardia que estimule el uso de nueva tecnología, métodos alternos de generación, la generación distribuida, las fuentes de energía renovable, la integración de microredes y la flexibilidad de un mercado competitivo. Para esta labor, concedió un término a la Asamblea Legislativa de ciento ochenta (180) días para el desarrollo del marco regulatorio y la política pública energética. Tal transformación resulta inminente y necesaria ante la disminución de la demanda por los pasados 10 años. Las métricas del rendimiento del sistema eléctrico de Puerto Rico demuestran que estamos muy por debajo de la de los Estados Unidos en todos los renglones del System Average Interruption Duration Index (SAIDI, por sus siglas en inglés), el System Average Interruption Frequency Index (SAIFI, por sus siglas en inglés) y el Customer Average Interruption Duration Index (CAIDI, por sus siglas en inglés). Estos índices son usados como indicadores de confiabilidad por las empresas de energía eléctrica para reflejar la duración promedio de interrupción para cada cliente atendido, el número promedio de interrupciones que un cliente experimentaría y la duración promedio de la interrupción que experimentaría cualquier cliente con el tiempo promedio de restauración, respectivamente. El sistema eléctrico de Puerto Rico carece de una planificación ordenada que identifique las necesidades de modernización o retiro de instalaciones, el mantenimiento de infraestructura, prioricen sistemas soterrados en áreas de instalaciones de servicios indispensables y cascos urbanos. Tampoco existe una integración de generación distribuida y fuentes de energía renovable que le provean flexibilidad, confiabilidad, resiliencia y eficiencia al sistema eléctrico. La Asamblea Legislativa se dio a la tarea de revisar la legislación existente relacionada con el marco regulatorio y la política pública energética actual en Puerto Rico, incluyendo y sin limitarse a las siguientes: (1) Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”; (2) Ley 114-2007, según enmendada, conocida como “Programa de Medición Neta en la Autoridad de Energía Eléctrica”; (3) Ley 83- 2010, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico”; (4) Ley Núm. 82-2010, según enmendada, conocida como “Ley de la Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico”; (5) Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”; y (6) Ley 120-2018, conocida como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”. A su vez, integró el insumo y recomendaciones de varios sectores con conocimiento especializado en el área, de la población en general, el mercado y el Gobierno de Puerto Rico, para establecer los parámetros que guiarán a Puerto Rico a una visión de futuro en la que haya un sistema energético resiliente, confiable y robusto que permita al consumidor ser un agente activo, la modernización de la red de transmisión y distribución, la transición del uso de combustibles fósiles a fuentes de energía renovable, la integración de generación distribuida, microredes y tecnologías de avanzada que beneficien a los consumidores y resulten en tarifas que no alcancen los 20 centavos por kilovatio hora. Entre estos informes están: el Development of the Regulatory Framework and Public Policy for the Puerto Rico Energy Transformation, Comité de Asesoramiento del Senado de Puerto Rico para la Transformación Energética, Octubre 2018; el Public Collaborative for Puerto Rico’s Energy Transformation del Rocky Mountain Institute y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, Octubre 2018; el Energy Resilience Solutions for the Puerto Rico Grid del Departamento de Energía de Estados Unidos, Junio 2018; Reimagina Puerto Rico Energy Sector Report, Junio 2018; Build Back Better: Reimagining and Strengthening the Power Grid of Puerto Rico, December 2017. Por otro lado, ante la urgencia de transformar el sistema eléctrico de la isla, diversos sectores de interés han señalado sobre la necesidad de despolitizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Durante una audiencia congresional sobre la corporación pública, celebrada en el 2018, el Presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara EE. UU., manifestó la necesidad de buscar legislación que permita despolitizar la Autoridad de Energía Eléctrica. La desagregación del Sistema Eléctrico y la incorporación del sector privado en la operación de activos y en la prestación del servicio de energía eléctrica permitirán erradicar la intervención político partidista. Para alcanzar estos objetivos, esta Ley establece los medios para establecer una programación efectiva que permita lograr los parámetros y metas claras con relación a eficiencia energética, la Cartera de Energía Renovable, interconexión de generación distribuida y microredes, el trasbordo de energía y el manejo de la demanda. Al así hacerlo, entre otras medidas, impone responsabilidad por la falta de diligencia y cumplimiento en la implementación de la política pública energética de Puerto Rico y adopta mecanismos de incentivos que viabilicen la ejecución de la misma. Igualmente, en cuanto al Negociado de Energía de Puerto Rico, se robustecen sus facultades y deberes, aumenta su presupuesto, se le provee para la implementación de mecanismos alternos que logren la ejecución de la política pública, se incorpora con mayores poderes en el proceso de los Contratos de Alianza o Contratos de Venta establecidos en la Ley 120-2018. Un nuevo y mejor Puerto Rico se construye con la voluntad de los que no se amilanan ante la adversidad. Nos levantamos teniendo la capacidad para innovar y hacer realidad los cambios necesarios que beneficien a nuestro Pueblo. La transformación que iniciamos cambiará la ineficiencia por la excelencia operacional. Con este paso damos un impulso hacia el futuro y el progreso de Puerto Rico.